El reciente decreto
expedido por el Gobierno Nacional, firmado por el presidente Gustavo
Petro y el ministro de Salud, Guillermo
Alfonso Jaramillo, ha desatado una ola de críticas y preocupaciones en el
sector de la salud colombiano.
La presidenta de la Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga,
calificó la medida como la "implementación anticipada de la reforma a la
salud 2.0", aún en trámite en el Congreso de la República, y advirtió
sobre sus "grandes problemas de
constitucionalidad".
Según
Vesga, el decreto "recompone el
modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy". La principal objeción
de ACEMI radica en la forma en que el decreto modifica el sistema de salud.
"Un principio esencial, lo que se hace por ley, se cambia por ley",
afirmó la presidenta. Explicó que la ley 100, la ley 1438 y normativas
posteriores han otorgado funciones específicas a las EPS, como afiliar,
conformar y contratar redes de prestación, gestionar el riesgo financiero a
través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y coordinar la referencia y
contrarreferencia de usuarios.
Sin
embargo, el decreto, que posee un rango inferior a la ley, está
"quitándole algunas de esas funciones, asignándolas a las entidades
territoriales, asignándolas a los centros de atención primaria, con lo cual,
insisto, se cambia el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy". Esta
situación fue advertida por ACEMI desde que el decreto estuvo en consulta
pública en marzo y abril, generando un "riesgo de inestabilidad
jurídica" que contribuye a la crisis actual del sistema.